Verificado y actualizado: 14 de noviembre de 2026, 09:27 UTC.
El Congreso convalidó el 12 de noviembre el Real Decreto-ley 29/2026, que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Entre los cambios más prácticos están la obligación de justificar el alquiler temporal, un límite conjunto para las rentas por habitaciones y nuevas reglas para actualizar el precio. El decreto de estabilidad contractual aprobado en septiembre fue derogado el 2 de octubre: sus medidas no deben confundirse con las de la norma ahora vigente. El texto publicado en el BOE y la explicación del Ministerio de Vivienda permiten distinguir las medidas confirmadas de las que solo se habían anunciado.
Destaques
- El alquiler temporal exige una causa real y acreditable; sin ella, puede tratarse como vivienda habitual.
- La suma de los alquileres simultáneos por habitaciones no puede superar la renta de la vivienda completa.
- La actualización anual se limita por el IRAV cuando existe pacto; la norma prevé reglas transitorias hasta el 31 de diciembre de 2027.
- La reforma no reinstaura el decreto de septiembre derogado por el Congreso.
¿Qué cambia para los contratos de alquiler temporal?
La etiqueta del contrato ya no basta para demostrar que el alquiler es temporal. La norma exige que responda a una necesidad de vivienda limitada en el tiempo y que exista una causa de desplazamiento desde la residencia habitual que pueda acreditarse. Como regla general, la duración debe ser superior a 31 días y no exceder de 12 meses, aunque puede prolongarse si la causa temporal persiste y se justifica.
Si el contrato supera los 12 meses sin una causa que lo respalde, o se encadenan más de dos contratos temporales consecutivos entre las mismas partes para la misma vivienda, puede considerarse arrendamiento de vivienda habitual desde el primero. Esto puede activar las protecciones y reglas de duración propias de la LAU para vivienda habitual. Para propietarios, la consecuencia práctica es revisar tanto la causa como los documentos que la acreditan; para inquilinos, conviene conservar pruebas del motivo real de la estancia y pedir que figure claramente en el contrato.
¿Hay un límite para alquilar habitaciones?
Sí. El decreto incluye expresamente el alquiler parcial de habitaciones dentro de las modalidades de vivienda habitual y temporal, según la necesidad que cubra. Cuando varias habitaciones de una misma casa se alquilan al mismo tiempo, la suma de sus rentas no puede exceder la renta que correspondería al alquiler de la vivienda completa.
En una zona de mercado residencial tensionado también deben respetarse los límites de precio aplicables a ese ámbito. La norma busca evitar que la división contractual de una vivienda en habitaciones sirva para superar los topes pertinentes. Antes de firmar, el inquilino puede comparar la suma de las rentas anunciadas con la renta unitaria y comprobar si la dirección está dentro de una zona tensionada. La declaración y los límites aplicables dependen de la normativa y los actos oficiales vigentes para cada zona.
¿Cómo se actualiza la renta anual?
Para contratos sujetos al régimen reformado, el IRAV —Índice de Referencia para la Actualización Anual de los Contratos de Arrendamiento de Vivienda— actúa como límite de la subida anual cuando el contrato incluye un mecanismo de actualización. Si no existe pacto expreso de actualización, la renta no se actualiza automáticamente. Es importante revisar la cláusula firmada y la fecha de aniversario antes de aceptar una nueva cantidad.
Además, una disposición transitoria establece que, para las actualizaciones cuyo aniversario caiga entre la entrada en vigor del decreto y el 31 de diciembre de 2027, si la renta supera el máximo del sistema de referencia no procede incremento. En los demás casos, las partes pueden pactar la actualización; si no alcanzan un nuevo acuerdo, el aumento no puede superar el 2%. Esta regla temporal no debe confundirse con el límite ordinario del IRAV ni aplicarse sin comprobar la fecha y el supuesto concreto.
¿Qué gastos puede repercutir el propietario?
El decreto prohíbe trasladar al inquilino los tributos asociados a la vivienda, salvo que sea quien tenga legalmente la condición de obligado tributario. Los gastos generales del inmueble, servicios, cargas y responsabilidades no individualizables pueden pactarse en ciertos casos, por lo que el contrato debe especificar qué conceptos se repercuten y con qué importe o método de cálculo. La norma también refuerza las garantías sobre reparaciones que afectan a la habitabilidad y sobre la constancia escrita del estado de la vivienda al finalizar el alquiler.
El contrato verbal conserva su validez, pero, si el inquilino solicita formalizarlo por escrito, el arrendador debe hacerlo. Por claridad y para facilitar cualquier reclamación, ambas partes deberían guardar el documento firmado, los justificantes de pago, el inventario y las comunicaciones sobre incidencias.
¿Qué implica el decreto para un desahucio por impago?
En determinados procedimientos por impago en los que la persona arrendataria atraviesa vulnerabilidad económica, la reforma establece un mecanismo de intervención pública. La Administración competente dispone de hasta dos meses para ofrecer una alternativa habitacional o, en su defecto, pagar o consignar las cantidades reclamadas y las que se hayan devengado, además de las costas previstas. Durante ese plazo se suspende el procedimiento y, cuando corresponda, el lanzamiento. El mecanismo tiene requisitos y excepciones: no supone una suspensión automática para cualquier inquilino ni elimina la deuda.
Qué conviene revisar ahora
Los efectos dependen del tipo de contrato, la fecha de firma, su cláusula de actualización, la ubicación de la vivienda y si se alquila entera, por habitaciones o por una causa temporal. El Real Decreto-ley 29/2026 permite a contratos anteriores a la Ley 12/2023 acogerse a determinadas prórrogas de la LAU reformada, pero mantiene el régimen jurídico aplicable en los demás aspectos. Por ello, no conviene sustituir el contrato o calcular una subida tomando como referencia titulares sobre el decreto derogado: hay que identificar la disposición concreta que resulta aplicable.
El impacto inmediato más visible está en la documentación y en el modo de fijar y actualizar las rentas. A medio plazo, la aplicación práctica dependerá de cómo administraciones y tribunales interpreten los nuevos requisitos, así como de la regulación autonómica en sus ámbitos competenciales. Para casos discutidos, una consulta profesional puede ayudar a valorar el contrato concreto.
Preguntas frecuentes
¿El nuevo decreto permite subir el alquiler automáticamente?
No. La actualización depende de lo pactado, del índice y del supuesto transitorio aplicable. Sin pacto expreso de actualización, no procede una subida automática.
¿Un alquiler por habitaciones queda fuera de la LAU?
No necesariamente. La norma contempla expresamente habitaciones y limita la suma de sus rentas cuando se alquilan simultáneamente en una misma vivienda.
¿Sigue vigente el decreto de septiembre sobre estabilidad contractual?
No. El Congreso lo derogó el 2 de octubre de 2026. La norma convalidada el 12 de noviembre es el Real Decreto-ley 29/2026.