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Congreso y vivienda: convalidado el decreto 29/2026, medidas y cambios al 14 de noviembre
Congreso y vivienda: convalidado el decreto 29/2026, medidas y cambios al 14 de noviembre
Información comprobada: 14 de noviembre de 2026, 10:27 h, Madrid (CET, UTC+01:00); 09:27 UTC.
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó el 12 de noviembre el Real Decreto-ley 29/2026 de medidas urgentes de vivienda. El acuerdo apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el viernes 13 de noviembre, por lo que el paquete mantiene su vigencia. La resolución confirma la continuidad de la norma, que ya había entrado en vigor el 8 de octubre, con las salvedades previstas en su texto: no supone que todas las medidas se estrenen ahora ni que se haya aprobado una nueva ley ordinaria.
La novedad decisiva para propietarios e inquilinos es doble. Se ratifican protecciones frente a determinados desahucios, restricciones a operaciones especulativas y reglas sobre arrendamientos temporales; sin embargo, el Congreso derogó otro decreto distinto, el Real Decreto-ley 28/2026, dedicado a la estabilidad y las prórrogas de los contratos de vivienda habitual. Confundir ambas votaciones llevaría a dar por aprobadas garantías que no sobrevivieron al control parlamentario.
Destaques
El Real Decreto-ley 29/2026 quedó convalidado el 12 de noviembre y la decisión se publicó en el BOE el día 13.
La protección de personas vulnerables frente a determinados desahucios y algunas restricciones de compra tienen horizonte hasta el 31 de diciembre de 2030, con condiciones y excepciones.
La norma establece medidas para contratos temporales y alquiler por habitaciones, pero no convierte automáticamente todos los alquileres en contratos de vivienda habitual.
El Real Decreto-ley 28/2026 sobre prórrogas y estabilidad contractual fue derogado: sus medidas no deben atribuirse al decreto convalidado.
Imagen ilustrativa generada para este artículo: edificios de viviendas en una calle urbana española; no corresponde a una votación parlamentaria ni a un inmueble objeto de un procedimiento.
¿Qué aprobó exactamente el Congreso el 12 de noviembre?
La Diputación Permanente, órgano que ejerce determinadas funciones parlamentarias cuando las cámaras están disueltas, acordó convalidar el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre. El BOE publicó la resolución bajo la referencia BOE-A-2026-23755. Convalidar un real decreto-ley, conforme al artículo 86.2 de la Constitución, permite que siga vigente tras el control parlamentario; no equivale a reescribir su articulado. El texto original se había publicado el 7 de octubre y, salvo la excepción de su disposición final undécima, comenzó a aplicarse el día 8.
En la misma fecha se decidió derogar el Real Decreto-ley 28/2026, también de 6 de octubre. La derogación consta en la referencia BOE-A-2026-23754. Ese segundo texto pretendía reforzar la estabilidad de los arrendamientos de vivienda habitual y tenía prevista su entrada en vigor el 15 de noviembre. Al no superar la convalidación, no puede presentarse como una protección general nueva que vaya a activarse mañana. La información oficial del BOE señala asimismo el ajuste de las relaciones entre ambos textos a partir del 15 de noviembre.
¿Cuáles son las medidas urgentes de vivienda que siguen adelante?
Protección frente a desahucios: ¿a quién afecta?
El Gobierno describe supuestos diferenciados de suspensión de procedimientos para ocupantes o arrendatarios en situación de vulnerabilidad que carecen de alternativa habitacional, con alcance temporal hasta el 31 de diciembre de 2030. El resultado no es una paralización indiscriminada de todos los desalojos: importa quién promueve el procedimiento, la situación de la persona afectada, la existencia de una alternativa y las excepciones legales. Por ejemplo, el esquema gubernamental excluye la suspensión cuando el propietario acredita vulnerabilidad y tiene dos viviendas o menos.
Para ciertos procedimientos por impago, el decreto contempla una intervención de la comunidad autónoma si no facilita una solución habitacional, incluido un mecanismo para asumir las cantidades necesarias para evitar el desahucio en los plazos y condiciones legales. También recoge compensaciones limitadas para determinados demandantes afectados por una suspensión. Cada aplicación depende de un expediente judicial y de la acreditación correspondiente: no debe interpretarse como una condonación automática de rentas.
Compra de vivienda y especulación: ¿qué limita la norma?
Hasta finales de 2030, la norma restringe determinadas adquisiciones por debajo del 70 % del valor de mercado cuando las realizan entidades especializadas en comprar inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados y grandes tenedores, dentro del supuesto legal correspondiente. El valor debe determinarse mediante tasación independiente. La prohibición no afecta por igual a cualquier compraventa: se prevén excepciones vinculadas a vivienda social o asequible, alojamientos para colectivos vulnerables y adquisiciones de entes públicos, entre otros destinos detallados en el texto.
Alquileres de temporada y habitaciones: ¿qué cambia?
El decreto reforma la regulación de los arrendamientos temporales para exigir justificación de la causa del desplazamiento y fijar, con carácter general, una duración de entre 31 días y 12 meses. El encadenamiento de más de dos contratos de temporada puede hacer que el arrendamiento pase a considerarse residencial con las garantías correspondientes, de acuerdo con la regla aprobada. Para el alquiler por habitaciones, en zonas declaradas de mercado residencial tensionado, la suma de rentas no podrá superar la que corresponda al alquiler de la vivienda completa. La declaración de zona tensionada y las circunstancias de cada contrato son relevantes.
¿Por qué es importante distinguir el decreto aprobado del rechazado?
El 13 de noviembre el BOE publicó dos resoluciones consecutivas, una de derogación del Real Decreto-ley 28/2026 y otra de convalidación del 29/2026. Esa diferencia determina qué obligaciones pueden invocarse ante una administración, un juzgado o un arrendador. El paquete aprobado reúne instrumentos de protección, fiscalidad y fomento de vivienda asequible, pero no autoriza a afirmar que se haya aprobado la prórroga extraordinaria general prevista en el decreto rechazado.
La convalidación da continuidad jurídica a las medidas del 29/2026, no garantiza por sí sola su aplicación uniforme. Para los hogares, el efecto real depende de su contrato, sus ingresos, el procedimiento concreto y la actuación de las administraciones competentes. Para el mercado, el impacto sobre la oferta y los precios sigue siendo una cuestión abierta: las obligaciones legales están confirmadas, pero sus resultados económicos futuros requieren datos de aplicación y evaluación.
¿Qué deben comprobar ahora inquilinos y propietarios?
Quien esté afectado por un proceso de desahucio debe verificar si concurren los criterios de vulnerabilidad y ausencia de alternativa y revisar con asesoramiento especializado las posibles solicitudes y plazos. Quien firme un arrendamiento temporal debería conservar documentación sobre la causa y duración real de la estancia; quien alquile habitaciones en una zona tensionada debe comprobar los límites aplicables. Los propietarios y entidades que estudien operaciones de adquisición deben revisar si encajan en las categorías alcanzadas por la restricción del precio.
Conviene consultar siempre la versión consolidada del Real Decreto-ley 29/2026 en el BOE y las resoluciones de convalidación y derogación publicadas el 13 de noviembre. Esas fuentes permiten comprobar qué parte del marco legal está vigente sin depender de titulares sobre «el decreto de vivienda» que mezclen dos normas diferentes.
¿Qué puede ocurrir a continuación?
La continuidad del decreto convalidado está confirmada a la fecha de comprobación. La ejecución administrativa, la evolución judicial y los efectos en la oferta asequible tendrán que seguirse en los próximos meses. Cualquier modificación posterior exigiría un nuevo acto normativo o resolución pertinente; no cabe anticipar derogaciones, ampliaciones automáticas ni descensos de precios sin respaldo documental.
Preguntas frecuentes sobre el decreto de vivienda
¿El Congreso ha aprobado una nueva ley de vivienda?
Ha convalidado el Real Decreto-ley 29/2026, vigente desde octubre con sus excepciones; la decisión parlamentaria de noviembre lo mantiene en vigor.
¿Se suspenden todos los desahucios hasta 2030?
No. Las medidas de suspensión se limitan a supuestos tasados y requieren condiciones de vulnerabilidad, falta de alternativa habitacional y otros requisitos; existen excepciones.
¿Se han aprobado las prórrogas adicionales de todos los alquileres habituales?
No. El Real Decreto-ley 28/2026, referido a estabilidad y prórrogas de contratos, fue derogado el 12 de noviembre.