Contratos laborales en España: qué cambia con el Real Decreto 723/2026 | 14 de noviembre de 2026

Información comprobada el 14 de noviembre de 2026, a las 06:35 h en Madrid, hora peninsular CET (UTC+01:00; 05:35 UTC).

El Real Decreto 723/2026 ya está en vigor en España desde el 5 de octubre de 2026. Su principal consecuencia para las personas trabajadoras es el refuerzo de la información que deben recibir sobre su contrato, su jornada, su salario y las condiciones en las que prestan sus servicios. Para las empresas supone revisar qué datos comunican, cómo los documentan y qué hacen cuando cambian las condiciones de trabajo. No se trata de una nueva modalidad contractual ni de una transformación automática de los contratos temporales en indefinidos.

La norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de septiembre de 2026 y desarrolla las obligaciones de información del Estatuto de los Trabajadores. Incorpora parcialmente al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. Para quienes ya tenían un contrato antes de su entrada en vigor, existe además una vía para pedir la información esencial que no se les hubiese entregado.

Destaques

  • El Real Decreto 723/2026 entró en vigor el 5 de octubre de 2026 y sustituye al Real Decreto 1659/1998 en esta materia.
  • Amplía y ordena la información que la empresa debe facilitar sobre retribución, jornada, lugar de trabajo, categoría y otros elementos esenciales.
  • Las personas con una relación laboral ya vigente pueden solicitar la información que les falte; en los supuestos de la disposición transitoria, la empresa tiene 30 días hábiles para responder.
  • El decreto no crea un nuevo contrato ni modifica por sí solo la duración legal de todas las relaciones laborales.
Dos profesionales revisan documentación laboral en una oficina iluminada por luz natural
Imagen ilustrativa de una revisión de documentación laboral; no representa una inspección ni un trámite oficial.

¿Qué ha cambiado con el nuevo decreto sobre contratos de trabajo?

El cambio más visible es la exigencia de facilitar información comprensible y acreditable sobre las condiciones esenciales de la relación laboral. La comunicación no se limita a indicar el puesto y el sueldo en términos generales: debe permitir conocer datos relevantes para comprobar qué se ha pactado y bajo qué reglas se desarrollará el trabajo. El decreto regula el contenido, los medios y los plazos de esa información, además de situaciones específicas como la prestación de servicios en el extranjero y determinados trabajos en la pesca.

Entre los elementos que deben quedar claros figuran la identidad de las partes, la fecha de inicio y, cuando corresponda, la de finalización; el centro o lugar de trabajo, la actividad y la clasificación profesional; la composición de la retribución y la manera de calcular componentes variables; la duración y distribución de la jornada; el régimen de horas extraordinarias y vacaciones, y las condiciones aplicables a la organización del tiempo de trabajo. La información pertinente puede estar recogida en la documentación contractual y en las comunicaciones complementarias previstas legalmente: lo esencial es que el trabajador pueda acceder a ella y conservar constancia.

¿Cuándo entró en vigor el Real Decreto 723/2026?

El Gobierno aprobó la medida en septiembre de 2026; su publicación oficial se produjo el 15 de septiembre y la entrada en vigor fue el 5 de octubre de 2026. Estas fechas son las que constan en el BOE. No debe confundirse el momento de la aprobación con la publicación ni con el comienzo de sus efectos. Tampoco hay que confundir este real decreto sobre información contractual con normas sobre vivienda, permisos u otras materias que utilizan la palabra «contrato».

¿Qué pasa si mi contrato se firmó antes de octubre de 2026?

La disposición transitoria contempla los contratos que ya estaban en vigor cuando comenzó a aplicarse la norma. Si la persona trabajadora solicita información esencial que no tiene, la empresa debe entregarla, en los términos previstos por la disposición, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. No significa que todos los contratos antiguos deban firmarse de nuevo inmediatamente ni que exista un cambio automático de su tipo o duración.

Como medida práctica, conviene hacer la petición por un canal que deje constancia de la fecha y del contenido, por ejemplo mediante correo corporativo o un sistema interno con justificante. Después, se puede comparar lo recibido con el contrato, el convenio colectivo y las nóminas. Si existe una discrepancia relevante, puede ser útil consultarla con la representación de los trabajadores, un profesional laboralista o la autoridad laboral competente.

¿Qué deben revisar las empresas en sus contratos y comunicaciones?

Las organizaciones deberían verificar que las plantillas de contratación y los procedimientos de incorporación ofrecen información completa desde el inicio de la relación laboral, con formatos accesibles y mecanismos que permitan demostrar su entrega. En particular, deben evitar fórmulas demasiado vagas en materia de salario variable, horarios, distribución irregular de la jornada o periodos de actividad de los trabajadores fijos-discontinuos. También han de disponer de un procedimiento para informar de modificaciones posteriores en los términos y plazos que establece la norma.

La referencia a sistemas algorítmicos merece atención: la información sobre herramientas que intervienen en la determinación de condiciones de trabajo o en la extinción del contrato no puede tratarse como un asunto ajeno a la transparencia laboral. Su aplicación concreta dependerá de los sistemas utilizados, de la información exigible y de la normativa laboral y de protección de datos que corresponda.

¿Afecta a los contratos temporales, indefinidos o fijos-discontinuos?

La obligación de transparencia es relevante para distintas modalidades contractuales, pero no sustituye las reglas que determinan cuándo una contratación temporal es válida o cuándo procede una relación indefinida. Las empresas deben seguir justificando las causas de temporalidad cuando la ley lo exige. En el caso de los fijos-discontinuos cobran especial importancia los periodos de actividad e inactividad y los procedimientos para organizar los llamamientos, sin que el nuevo decreto elimine las normas específicas aplicables.

Por tanto, una persona con contrato temporal no debería concluir que ha pasado a ser indefinida solo por la entrada en vigor de esta disposición. La validez de su contrato se determina por el Estatuto de los Trabajadores, el convenio aplicable y las circunstancias reales de la contratación.

¿Qué consecuencias prácticas tiene para trabajadores y empleadores?

Para un trabajador que comienza en un empleo, la primera recomendación es conservar el contrato, la información adicional facilitada, los cuadrantes y cualquier comunicación posterior sobre salario, horario o centro de trabajo. No basta con recordar verbalmente lo hablado durante una entrevista. Para una empresa, la prioridad es revisar los procesos internos sin esperar a que aparezca una reclamación.

El objetivo declarado por el Gobierno es reducir la incertidumbre sobre las condiciones de trabajo. Que esa mayor transparencia se traduzca en menos conflictos dependerá de su cumplimiento y de cómo se documenten las condiciones en cada centro. No hay base para afirmar que esta disposición haya producido ya una reducción determinada de litigios ni un efecto cuantificado sobre el empleo.

¿Dónde consultar el texto oficial y qué novedades hay que vigilar?

El texto íntegro y la fecha de aplicación se pueden consultar en el Real Decreto 723/2026 publicado en el BOE. También resulta útil la referencia oficial del Consejo de Ministros y el Estatuto de los Trabajadores para comprobar el marco general.

A fecha de esta comprobación, la referencia normativa verificable sobre transparencia contractual es el decreto aprobado en septiembre y vigente desde octubre. Cualquier nueva obligación anunciada en titulares debe contrastarse con su número de disposición, publicación en el BOE y fecha de entrada en vigor antes de considerarla aplicable.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que firmar un contrato nuevo por el decreto?

No necesariamente. La norma refuerza la obligación de informar sobre condiciones esenciales, pero no impone por sí sola la sustitución automática de todos los contratos existentes.

¿Cuánto tarda la empresa en responder si ya tenía contrato?

En los supuestos contemplados en la disposición transitoria, debe facilitar la información solicitada que falte en un plazo de 30 días hábiles desde la recepción de la solicitud.

¿El decreto convierte los contratos temporales en indefinidos?

No. La modalidad del contrato y la legalidad de su duración continúan sometidas al Estatuto de los Trabajadores y a las normas aplicables a cada supuesto.

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