Verificado y actualizado: 12 de noviembre de 2026, 18:44 CET (Madrid, UTC+01:00).
La Diputación Permanente del Congreso convalidó este jueves, por 35 votos frente a 34, el Real Decreto-ley 29/2026, que reúne medidas de vivienda y protección de inquilinos. En otra votación, rechazó por 34 votos frente a 35 el decreto que preveía la renovación automática de determinados alquileres. Al estar disueltas las Cortes, correspondía a este órgano ejercer las facultades constitucionales del Congreso respecto a los decretos-leyes.
El resultado mantiene vigente el decreto convalidado, sujeto a los efectos previstos en su texto, y deja derogado el que no obtuvo respaldo. La Diputación Permanente no redactó esas medidas ni sustituyó de forma general al Congreso: resolvió una competencia concreta que la Constitución le atribuye cuando la Cámara está disuelta.
Destaques
La sesión del 12 de noviembre abordó dos reales decretos-ley aprobados por el Gobierno en octubre, después de que las Cortes fueran disueltas. Según la crónica de la sesión de Cadena SER, el decreto sobre la prórroga indefinida de alquileres fue rechazado por 35 votos en contra y 34 a favor. A continuación, el órgano convalidó el texto más amplio de medidas de vivienda por 35 votos a favor y 34 en contra.
La diferencia entre ambos resultados fue de un voto. De acuerdo con la información publicada sobre la votación, el primer texto obtuvo el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos, mientras PP, Vox y Junts votaron en contra. El PNV también se opuso al otro decreto, cuyo resultado fue desfavorable.
El Real Decreto-ley 29/2026 incluye medidas de protección de hogares vulnerables en procedimientos de desahucio, cambios sobre alquileres de temporada y medidas de acceso a vivienda, entre ellas una línea de préstamos del ICO para la compra de primera vivienda. El alcance concreto y las condiciones deben consultarse en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Es un órgano de cada Cámara previsto en el artículo 78 de la Constitución. Sus integrantes representan a los grupos parlamentarios de forma proporcional a su número de escaños, y la preside quien ocupa la presidencia de la Cámara correspondiente. Su cometido incluye velar por los poderes parlamentarios cuando las Cámaras no están reunidas y asumir determinadas facultades cuando el Congreso o el Senado han sido disueltos o ha expirado su mandato.
La Diputación Permanente no es una nueva Cámara elegida por separado ni una comisión que pueda aprobar cualquier ley. Su actuación está limitada a las funciones que le asignan la Constitución y los reglamentos parlamentarios. El artículo 78.3 establece que, tras la disolución, sigue ejerciendo esas funciones hasta que se constituyan las nuevas Cortes. Cuando la Cámara vuelve a reunirse, debe dar cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.
El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno dictar decretos-leyes en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, con límites materiales. La norma entra en vigor según lo dispuesto en ella y debe someterse a debate y votación de totalidad en el Congreso dentro de los 30 días siguientes a su promulgación. La Cámara debe decidir expresamente si la convalida o la deroga.
El mismo artículo prevé que, si el Congreso está disuelto o ha expirado su mandato, la convalidación se tramite ante la Diputación Permanente. Así se mantiene el control parlamentario durante el intervalo electoral, en vez de dejar sin respuesta la obligación constitucional de revisar el decreto. El texto constitucional puede consultarse en la página oficial del BOE; el Congreso también explica los antecedentes de esta función.
La convalidación es el respaldo parlamentario que permite que el decreto-ley continúe vigente como norma. No equivale por sí sola a convertirlo en una ley tramitada con el procedimiento legislativo ordinario. La derogación, en cambio, expresa que el Congreso —o la Diputación Permanente cuando le corresponde— no lo mantiene. Los efectos concretos dependen de la norma y del momento en que se produzca la decisión.
La Constitución permite además que, durante ese plazo, el Congreso tramite un decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Esa opción abre la posibilidad de debatir enmiendas y modificar el texto mediante el proceso legislativo. La convalidación y esa eventual tramitación son decisiones distintas.
El voto favorable evita que el Real Decreto-ley 29/2026 decaiga por falta de convalidación y conserva las medidas que contiene, dentro de sus condiciones y plazos. El rechazo del otro texto impide que entre en vigor el régimen que proponía para la renovación automática de contratos y la indemnización asociada. Para saber si una medida concreta se aplica a un contrato o procedimiento, hay que revisar el texto del decreto, su fecha de entrada en vigor y la situación individual.
La votación no resuelve por sí sola el debate político sobre la vivienda ni permite anticipar nuevas reformas. Las nuevas Cortes podrán examinar la legislación vigente y promover cambios por los cauces constitucionales. Hasta entonces, la consecuencia inmediata es la distinta suerte parlamentaria de los dos decretos: uno ha sido convalidado y el otro, rechazado.
Sí. El artículo 78 de la Constitución le atribuye esa facultad cuando el Congreso está disuelto o ha expirado su mandato, conforme al artículo 86.
No. La convalidación mantiene el decreto-ley; su tramitación posterior como proyecto de ley es una opción separada.
Se convalidó el decreto amplio de medidas de vivienda por 35 votos frente a 34 y se rechazó el texto de renovación automática de alquileres por 35 votos frente a 34.
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La Diputación Permanente convalidó el decreto de medidas de vivienda por 35 votos frente a 34 y rechazó el de renovación automática de alquileres. Así funciona su papel constitucional.
