Actualizado el 16 de noviembre de 2026, a las 14:43, hora peninsular española (CET, UTC+01:00) — 13:43 UTC.
Juan Carlos Peinado es el magistrado que dirigió la investigación judicial sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su nombre se convirtió en uno de los más conocidos de la actualidad política y judicial española desde abril de 2024, cuando abrió diligencias tras una denuncia de Manos Limpias. La instrucción terminó en septiembre de 2026 con la apertura de juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero Peinado ya no estará al frente de la vista: se jubiló el 27 de septiembre de 2026 y el procedimiento debe continuar ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La situación procesal exige distinguir varios hechos que a menudo se mezclan en el debate público. La Audiencia Provincial limitó los delitos por los que Gómez debe ser juzgada, retiró las medidas cautelares que le había impuesto el instructor y apartó al empresario Juan Carlos Barrabés del juicio con jurado. Además, la Fiscalía pidió la absolución de Gómez y de su asesora, Cristina Álvarez, el 7 de octubre. Esa petición no equivale a una sentencia: la decisión final corresponderá al tribunal que celebre el juicio, cuya fecha no se había anunciado oficialmente en la información localizada hasta el 16 de noviembre.
Claves del caso Juan Carlos Peinado
- Peinado fue titular de la plaza de Instrucción número 41 de Madrid y dirigió la investigación iniciada en abril de 2024.
- El 21 de septiembre de 2026 abrió juicio oral contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y malversación, y contra Cristina Álvarez por presunta malversación.
- La Audiencia Provincial de Madrid había reducido previamente los delitos atribuidos a Gómez de cuatro a dos y revocado la retirada de su pasaporte y otras medidas cautelares.
- Peinado se jubiló el 27 de septiembre de 2026. La causa pasa a la Audiencia Provincial, mientras la Fiscalía solicita la absolución y la acusación popular mantiene su petición de penas.
¿Quién es Juan Carlos Peinado?
Juan Carlos Peinado García es un magistrado español que desarrolló su carrera en distintos órganos judiciales antes de ocupar la plaza de Instrucción número 41 de Madrid, conocida por su sede en Plaza de Castilla. Según la información publicada con motivo de su jubilación, ingresó en la carrera judicial en septiembre de 1994, después de trabajar en otras actividades relacionadas con el Derecho. Sus primeros destinos fueron Arenas de San Pedro, en Ávila, y posteriormente Talavera de la Reina, Albacete y Getafe.
En 2012 llegó a Madrid y pasó por el Juzgado de lo Penal número 7. En 2016 obtuvo la plaza del juzgado de instrucción número 41, desde la que asumió investigaciones penales y diligencias previas. Su jubilación forzosa por edad fue acordada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial el 23 de junio de 2026 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 26 de septiembre. El acuerdo fijó como fecha efectiva el 27 de septiembre de 2026, al cumplir la edad legal de jubilación.
Este dato es importante para entender la fase actual: Peinado fue el juez instructor, no el magistrado que necesariamente dirigirá el juicio. La instrucción y el enjuiciamiento son etapas distintas del procedimiento penal. El instructor investiga los hechos, recibe declaraciones, analiza indicios y decide si existen elementos para abrir juicio o archivar. El tribunal de enjuiciamiento escucha las pruebas en la vista oral y dicta la resolución sobre la responsabilidad penal.
¿Por qué investigó a Begoña Gómez?
La causa comenzó el 16 de abril de 2024, a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. La investigación se centró en la actividad profesional de Begoña Gómez, especialmente en su relación con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la cátedra y los másteres que codirigía, la búsqueda de apoyos y patrocinios para esos proyectos y las gestiones de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez.
Una de las líneas examinadas fue si la posición institucional de Pedro Sánchez pudo haber favorecido la proyección profesional de su esposa o sus relaciones con responsables universitarios y empresas. También se investigó la gestión de un software vinculado a la cátedra y el papel que habría desempeñado la asesora. El empresario Juan Carlos Barrabés apareció en otra línea relacionada con cartas de apoyo y adjudicaciones públicas. Son hipótesis de investigación y acusaciones que deben probarse: no constituyen por sí mismas hechos delictivos acreditados ni una declaración de culpabilidad.
El procedimiento incorporó distintas líneas y acusaciones a lo largo de más de dos años. En abril de 2026, Peinado propuso juzgar a Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Sin embargo, esa propuesta fue revisada por la Audiencia Provincial de Madrid en julio.
¿Qué corrigió la Audiencia Provincial de Madrid?
La resolución de julio de 2026 fue uno de los hitos procesales más relevantes para comprender el alcance real de la causa. La Audiencia permitió que el procedimiento continuara hacia un juicio con jurado por presunto tráfico de influencias y malversación, pero dejó fuera los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había incluido Peinado. Para Cristina Álvarez, la asesora de Gómez, el procedimiento continuó por presunta malversación.
La Audiencia también revocó las medidas cautelares que el instructor había impuesto a Gómez y a Álvarez: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. El tribunal consideró que no se había acreditado con la intensidad necesaria un riesgo real y efectivo de fuga. Además, separó a Juan Carlos Barrabés del procedimiento con jurado, para que la cuestión relativa a los contratos públicos siguiera su cauce propio.
La revisión de una resolución por un órgano superior forma parte del sistema ordinario de recursos. No significa automáticamente que toda la investigación haya sido anulada, del mismo modo que la decisión de mantener parte del procedimiento no supone que los acusados sean culpables. La Audiencia delimitó qué hechos y delitos podían llegar a juicio en esta causa concreta.
¿En qué punto dejó Peinado el procedimiento?
Tras la decisión de la Audiencia, Peinado tuvo que adaptar la fase final de la instrucción a los delitos que seguían adelante y convocó una audiencia preliminar el 8 de septiembre de 2026. El 21 de septiembre dictó el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y malversación, y contra Cristina Álvarez por presunta malversación. No impuso nuevas medidas cautelares en ese auto.
La resolución puso fin a la fase de instrucción que había dirigido Peinado. El expediente debía remitirse a la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá que asignar el asunto a la sección penal correspondiente, resolver las cuestiones previas que planteen las partes, decidir qué pruebas y testigos se admiten y organizar la selección del jurado popular conforme a la ley.
La apertura de juicio oral no es una condena. Significa que el procedimiento pasa a la fase en la que se celebrará una vista para examinar las acusaciones y las pruebas. La presunción de inocencia sigue vigente para todas las personas acusadas hasta que exista una sentencia firme.
¿Qué pide la Fiscalía y qué solicita la acusación popular?
El 7 de octubre de 2026, la Fiscalía solicitó a la Audiencia Provincial la absolución de Begoña Gómez y Cristina Álvarez. En su escrito de conclusiones provisionales sostuvo que los hechos descritos no constituían infracción penal. La posición del Ministerio Fiscal es relevante porque representa la acusación pública, pero no obliga al tribunal a absolver ni impide que el proceso continúe si existe otra acusación legitimada.
En esta causa también ejerce la acusación popular la asociación Hazte Oír, que ha solicitado penas de 13 años de prisión para Gómez y seis años para Álvarez. Las defensas, por su parte, reclaman la absolución. Las cifras reflejan las peticiones de una parte procesal, no penas impuestas ni una previsión del resultado del juicio.
La diferencia entre Fiscalía, defensa y acusación popular ayuda a explicar por qué un caso puede llegar a juicio aunque el Ministerio Fiscal pida la absolución. El tribunal deberá valorar las pruebas practicadas en la vista oral y resolver con independencia de las posiciones de las partes.
¿Por qué fue polémica la actuación del juez?
La instrucción generó controversia por la duración del procedimiento, la amplitud de algunas líneas de investigación y varias decisiones que fueron recurridas o corregidas por órganos superiores. Uno de los episodios más comentados se produjo cuando Peinado justificó medidas cautelares aludiendo a una posible fuga y mencionó a los escoltas de Gómez. El Sindicato Unificado de Policía presentó una queja por esas referencias.
En septiembre de 2026, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó la información sumaria disciplinaria relacionada con esas expresiones. La resolución consideró que, aunque la formulación podía resultar poco afortunada, no reunía los requisitos de concreción y gravedad necesarios para constituir la infracción disciplinaria examinada. Este archivo se refería a la posible responsabilidad disciplinaria por las expresiones, no al fondo de la investigación contra Gómez.
Conviene separar, por tanto, tres planos: las decisiones jurisdiccionales de Peinado, que podían ser recurridas ante órganos superiores; las quejas disciplinarias sobre su conducta, que siguieron su propio cauce; y el fondo penal del caso, que tendrá que resolver el tribunal de enjuiciamiento.
¿Qué ocurrirá ahora con el caso Begoña Gómez?
Tras la jubilación de Peinado, el procedimiento no desaparece ni queda automáticamente invalidado. La Audiencia Provincial de Madrid debe continuar con los trámites previos al juicio y determinar qué sección lo asumirá. El tribunal tendrá que pronunciarse sobre las cuestiones previas, la admisión de pruebas y testigos y la composición del jurado. La fecha de la vista oral no estaba fijada oficialmente en la información pública localizada hasta el 16 de noviembre de 2026.
Algunas previsiones periodísticas y fuentes jurídicas apuntaron a que el juicio podría celebrarse en 2027, pero se trata de estimaciones sujetas a la carga de trabajo del tribunal, la duración prevista de la vista y las incidencias procesales. No debe presentarse ese horizonte como una fecha confirmada.
Para seguir el caso con rigor, el lector debe comprobar qué órgano judicial dicta cada resolución, distinguir entre auto de apertura de juicio y sentencia, y atribuir cada acusación a la parte que la formula. El nombre de Peinado seguirá asociado a la instrucción, pero las decisiones futuras sobre la vista oral y el fallo corresponderán a otros magistrados y, en su caso, al jurado.
Fuentes consultadas
Preguntas frecuentes sobre Juan Carlos Peinado
¿Juan Carlos Peinado sigue siendo el juez del caso Begoña Gómez?
No. Se jubiló el 27 de septiembre de 2026. La causa continúa ante la Audiencia Provincial de Madrid, que organizará la fase de enjuiciamiento.
¿Begoña Gómez ya ha sido condenada?
No. Se ha abierto juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero todavía no hay sentencia condenatoria. La presunción de inocencia sigue vigente.
¿Cuándo se celebrará el juicio?
La fecha no estaba fijada oficialmente a 16 de noviembre de 2026. Algunas previsiones apuntan a 2027, pero el calendario dependerá de la Audiencia Provincial y de los trámites previos.