Información verificada: 9 de noviembre de 2026, 18:34, hora de Madrid, CET (UTC+01:00; 17:34 UTC).
La llamada «Ley de Nietos» no es una ley independiente: es el nombre habitual de las vías de opción a la nacionalidad española incluidas en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. La norma contempló varios supuestos de descendencia y reparación histórica; el plazo general para iniciar nuevas solicitudes terminó en octubre de 2025, aunque los expedientes presentados dentro de plazo pueden seguir tramitándose.
La novedad judicial más reciente se refiere al censo electoral de residentes ausentes en el extranjero (CERA). El 9 de noviembre, según informó Confilegal sobre dos autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Tribunal Supremo mantuvo una medida cautelar que afecta a determinados efectos electorales de personas nacionalizadas por una de esas vías y rechazó ampliarla al grupo de hijos adultos de nacionalizados. Es una disputa sobre el censo y medidas provisionales: no supone anular la nacionalidad ni resuelve por sí sola todos los expedientes individuales.
La Ley 20/2022 regula en su disposición adicional octava un derecho de opción, no una concesión automática por tener un abuelo español. La persona interesada debía presentar una declaración expresa ante el Registro Civil competente, acreditar su identidad y aportar documentos que permitieran verificar el supuesto alegado. La instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) desarrolla los modelos, la documentación y el procedimiento.
La primera vía prevista en el texto legal se refiere a personas nacidas fuera de España con padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubiera sido español y que hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por los motivos descritos en la ley. La instrucción de 2022 interpretó que este párrafo comprendía tanto a descendientes nacidos en el exterior de progenitores o abuelos originariamente españoles como a descendientes de exiliados que perdieron o renunciaron a la nacionalidad. Esa lectura administrativa, más amplia que una lectura limitada al exilio, está vinculada al litigio que ha llegado al Supremo. Para salidas de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 contempló una presunción, siempre que se acreditara la salida; para salidas posteriores, hasta el 28 de diciembre de 1978, exigió acreditar la condición de exiliado. Esa interpretación administrativa está vinculada al litigio que ha llegado al Supremo.
La segunda vía reconoció el derecho a los hijos e hijas nacidos fuera de España de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La tercera permitió optar a los hijos e hijas mayores de edad de personas a quienes se hubiera reconocido la nacionalidad española de origen al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022 o de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007.
Quienes adquirieron la nacionalidad por estas vías la obtuvieron como española de origen, pero de forma sobrevenida: la instrucción indica que los efectos se producen desde la adquisición y no con carácter retroactivo. En los supuestos de descendencia, el expediente suele exigir certificados de nacimiento que enlacen cada generación y, cuando corresponde, documentación relativa al exilio. Los documentos extranjeros pueden requerir legalización o apostilla y traducción oficial.
La disposición adicional octava fijó inicialmente dos años desde la entrada en vigor de la ley y permitió una prórroga de un año, que el Consejo de Ministros aprobó en julio de 2024. Exteriores sitúa el cierre de la recepción de nuevas solicitudes de cita el 22 de octubre de 2025. La instrucción permitía que quien hubiera pedido cita telemática dentro de plazo y conservara el justificante presentara la documentación en la fecha posterior que le asignara el consulado.
Por eso, «plazo cerrado» no significa que todos los expedientes estén resueltos ni que una persona que inició el trámite a tiempo pierda automáticamente su turno. Significa que no debe confundirse la tramitación posterior de una solicitud presentada en plazo con una nueva convocatoria general. Para conocer el estado de un expediente, la referencia práctica es el Registro Civil o la oficina consular que lo recibió.
Conviene separar la decisión de fondo de las medidas cautelares. En septiembre de 2026, la Sala Tercera, Sección Cuarta, adoptó medidas provisionales en recursos contra un acuerdo de la Junta Electoral Central relacionado con la interpretación y aplicación de la disposición adicional octava. El auto confirmado el 12 de octubre indicó que no se incorporaran al CERA determinadas personas nacionalizadas bajo el primer párrafo del apartado 1 y que se suspendieran, para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, los efectos electorales de inscripciones ya practicadas por esa misma vía. El auto previó una excepción para quienes obtuvieran una certificación consular que acreditara los requisitos de exilio, sin aplicar la presunción discutida.
El 12 de octubre el Supremo rechazó el recurso de reposición del Estado y del Instituto Nacional de Estadística, por lo que confirmó las medidas anteriores. La parte dispositiva se publicó en el BOE el 15 de octubre. En los autos del 9 de noviembre, según la información publicada por Confilegal, el tribunal mantuvo esas cautelares para el grupo ya afectado, pero no extendió la suspensión a los hijos adultos que habían adquirido la nacionalidad por otra vía de la disposición adicional octava. La proximidad de la votación y las dificultades de revisar el censo con garantías influyeron en esa decisión provisional.
La consecuencia debe describirse con precisión: el litigio actual trata de inscripciones y derechos electorales en el CERA, no de retirar pasaportes, cancelar nacionalidades o paralizar de forma general los expedientes consulares. Exteriores también ha aclarado que las medidas no anulan la nacionalidad obtenida ni detienen la tramitación de solicitudes pendientes. El Supremo todavía debe resolver el fondo del recurso; una medida cautelar no sustituye esa futura sentencia ni decide por sí sola la elegibilidad de todas las familias.
Quien obtuvo la nacionalidad o tiene un expediente abierto debería distinguir tres datos: la vía legal concreta que figura en su inscripción, si consta en el Registro Civil y cuál es su situación individual en el CERA. Una incidencia censal no equivale, por sí sola, a una denegación de nacionalidad. Si el Registro Civil rechazó formalmente una opción, la instrucción prevé un recurso ante la DGSJFP; es importante atender a la notificación y al plazo que indique.
Para interpretar un caso, consulte el texto consolidado de la Ley 20/2022, la instrucción publicada en el BOE y la comunicación de la oficina consular correspondiente. La futura sentencia del Supremo podrá aclarar la controversia jurídica sobre el alcance de la interpretación administrativa. Hasta entonces, no es prudente presentar el resultado provisional sobre el censo como una reforma de la ley o como una respuesta definitiva para todos los descendientes.
No. Es un nombre informal para varias vías de opción previstas en la Ley 20/2022. Cada persona debía declarar su opción y acreditar el supuesto legal aplicable.
No según las medidas verificadas. Los autos afectan de forma cautelar a determinadas inscripciones y efectos electorales en el CERA; no anulan por sí mismos la nacionalidad.
El plazo general terminó en octubre de 2025. Pueden seguir los expedientes y las citas solicitadas dentro de plazo, pero eso no equivale a una nueva convocatoria.
La Ley de Memoria Democrática abrió vías para optar a la nacionalidad por ascendencia. Repasamos sus supuestos, el plazo ya cerrado y las medidas cautelares del Supremo sobre el censo exterior, que no equivalen a anular la nacionalidad.
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