Información comprobada el 6 de noviembre de 2026 a las 14:27, hora peninsular española (CET, UTC+01:00).
La Fiscalía Europea es el órgano independiente de la Unión Europea encargado de investigar y llevar ante los tribunales determinados delitos que perjudican a las finanzas de la UE. Entre ellos figuran el fraude con fondos europeos, la corrupción y los grandes fraudes transfronterizos del IVA. Actúa también en España, donde sus fiscales europeos delegados dirigen investigaciones que pueden extenderse a otros países participantes.
Su alcance sigue evolucionando: 25 Estados miembros participan en la Fiscalía Europea, tras la incorporación de Hungría en 2026, aunque el inicio de su actividad operativa allí depende del nombramiento del fiscal europeo. Además, Andrés Ritter sucedió a Laura Kövesi como fiscal general europeo el 1 de noviembre de 2026. La institución comenzó a funcionar el 1 de junio de 2021. Fuente: cronología oficial de la Fiscalía Europea.
Destaques
Conocida por sus siglas inglesas EPPO, la Fiscalía Europea nació para abordar penalmente delitos que perjudican al presupuesto comunitario y que pueden atravesar fronteras. Antes de su puesta en marcha, las autoridades nacionales ya podían investigar estos hechos, pero sus competencias se detenían en las fronteras de sus respectivos Estados. La EPPO combina una estructura común europea con fiscales que trabajan sobre el terreno en los países participantes.
Su oficina central está en Luxemburgo. Allí, el colegio y las salas permanentes supervisan y orientan los procedimientos; en los países participantes, los fiscales europeos delegados llevan habitualmente las investigaciones y ejercen la acusación. La Fiscalía actúa con independencia y no recibe instrucciones de gobiernos nacionales ni de instituciones externas a ella. Fuente: Comisión Europea.
Investigar o acusar no equivale a dictar sentencia: los casos se presentan ante los tribunales nacionales competentes, que son quienes juzgan. Las personas investigadas conservan la presunción de inocencia.
Su mandato gira en torno a los delitos contra los intereses financieros de la Unión, definidos por la normativa europea y las leyes nacionales aplicables. Entre los principales se encuentran:
No basta con que una conducta parezca irregular: la Fiscalía debe valorar si existen indicios de delito y si concurren las condiciones legales para intervenir. La propia institución explica estas categorías y sus criterios territoriales en su guía para denunciar delitos.
La Fiscalía Europea no se ocupa de cualquier impago o irregularidad de IVA. Su competencia sobre este impuesto se refiere a fraudes graves relacionados con el territorio de dos o más Estados miembros y que causen un perjuicio total de al menos 10 millones de euros. La cifra se refiere al daño total del caso, no necesariamente al perjuicio sufrido solo en España. Fuente: ficha informativa de la Comisión Europea.
Un ejemplo de investigación comunicado por la Fiscalía en julio de 2025 se refería a un presunto fraude de IVA vinculado a la importación de alcohol de varios Estados miembros a España. La institución estimó entonces el perjuicio en 68 millones de euros. Se trata de una investigación y esa estimación no constituye una condena ni una cuantía definitivamente establecida por un tribunal. Fuente: comunicado de la Fiscalía Europea.
España es uno de los Estados participantes. Los fiscales europeos delegados investigan los asuntos de competencia de la EPPO y colaboran con las autoridades nacionales. Cuando una investigación requiere actuaciones en otro país participante, la estructura de la Fiscalía permite coordinar el trabajo entre sus fiscales.
Según su informe anual de 2025, al 31 de diciembre de ese año había 97 investigaciones activas en España, con un perjuicio estimado de 796,2 millones de euros. De ellas, 22 tenían una dimensión transfronteriza. Son cifras de investigaciones y estimaciones, no una suma de condenas ni de dinero recuperado.
La Fiscalía participaba en 25 países de la UE en el momento de esta comprobación; Dinamarca e Irlanda no participaban. En el caso de Hungría, la EPPO señala que comenzará a operar allí a partir del vigésimo día posterior al nombramiento de su fiscal europeo. Fuente: Estados miembros de la Fiscalía Europea.
Cualquier persona física o jurídica, sea o no ciudadana de la UE, puede comunicar un posible delito si tiene motivos razonables para sospechar que afecta a los intereses financieros europeos. El formulario oficial de denuncia admite las lenguas oficiales de la UE, incluido el español.
Conviene describir los hechos con precisión y aportar la información disponible que permita examinarlos. La Fiscalía evaluará si el asunto entra en su competencia y si la información justifica abrir una investigación. Si el posible delito no afecta a las finanzas de la UE, corresponde acudir a la autoridad nacional competente.
La evolución de cada investigación dependerá de las pruebas y de las decisiones procesales. En los casos transfronterizos, la coordinación entre fiscales puede facilitar actuaciones en varios países; el resultado concreto, sin embargo, solo podrá conocerse cuando avance el procedimiento.
No. Investiga y ejerce la acusación; los tribunales nacionales competentes celebran el juicio y dictan sentencia.
No. Su competencia exige que el delito esté comprendido en su mandato y afecte a los intereses financieros de la UE. Otros casos corresponden a las autoridades competentes.
No. También pueden denunciar personas de terceros países y personas jurídicas, siempre que existan motivos razonables para sospechar de un delito dentro de su ámbito.
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