Actualizado: 14 de noviembre de 2026, 06:34 CET (Madrid, UTC+01:00). El Real Decreto 723/2026, en vigor desde el 5 de octubre, amplía la información escrita que las empresas deben facilitar sobre las condiciones de trabajo. Para las relaciones laborales de más de cuatro semanas, los datos esenciales deben entregarse antes de empezar a trabajar; si falta información en el contrato, puede completarse en un documento separado.
La norma refuerza la transparencia sobre jornada, salario, temporalidad y organización del trabajo. No crea por sí sola una nueva modalidad contractual ni sustituye las demás obligaciones del Estatuto de los Trabajadores. El cambio práctico es que la empresa debe explicar las condiciones con más detalle y dejar constancia de que la persona trabajadora las recibió.
Destaques
- El Real Decreto 723/2026 se publicó en el BOE el 15 de septiembre y entró en vigor veinte días después.
- La información general del capítulo II se aplica a relaciones laborales de más de cuatro semanas.
- Las nuevas contrataciones deben recibir la información antes del inicio de la relación laboral.
- Quienes ya estaban trabajando pueden pedir la información que no tengan; la empresa dispone de 30 días hábiles para facilitarla.
¿Qué cambia con el Real Decreto 723/2026?
El Real Decreto 723/2026 desarrolla el artículo 8.5 del Estatuto de los Trabajadores y transpone parcialmente la Directiva europea 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. Sustituye al Real Decreto 1659/1998 y amplía la lista de condiciones que deben comunicarse por escrito.
La obligación puede cumplirse dentro del propio contrato si este ya contiene todos los datos y está en poder de la persona trabajadora. Si no, la empresa debe entregar uno o varios documentos complementarios. La comunicación puede hacerse en papel o en formato electrónico, siempre que la persona pueda acceder a ella, guardarla e imprimirla y que la empresa conserve prueba de la transmisión o recepción.
¿Qué información debe recibir una persona trabajadora?
Entre los elementos mínimos figuran la fecha de comienzo y, si el contrato es temporal, su duración prevista o fecha de finalización; el centro habitual de trabajo; el puesto y una descripción que permita conocer las tareas; y el salario base y los complementos, con su periodicidad y método de pago. Cuando haya retribución variable, también deben indicarse su cálculo y los criterios para percibirla.
La información sobre jornada comprende duración y distribución horaria, turnos o trabajo nocturno cuando corresponda, procedimientos para cambiar horarios, acuerdos sobre horas extraordinarias y vacaciones. Si se aplica una distribución irregular, deben explicarse los periodos de referencia en los que puede requerirse trabajo y los plazos mínimos de preaviso para asignar o cancelar tareas. En contratos fijos discontinuos se informarán los periodos de actividad e inactividad, o su estimación.
También deben constar el periodo de prueba y sus condiciones, el derecho a formación proporcionada por la empresa y el convenio colectivo aplicable. En el trabajo temporal, la empresa debe precisar la causa concreta que justifica la temporalidad y cómo se relaciona con la duración prevista; no basta con una explicación genérica. Para personal cedido por una ETT, se identifica además la empresa usuaria y la causa del contrato de puesta a disposición.
¿A quién se aplica y desde cuándo?
El real decreto alcanza, con las particularidades previstas para cada caso, a empresas y personas trabajadoras incluidas en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, las obligaciones generales de información del capítulo II se aplican a relaciones laborales cuya duración sea superior a cuatro semanas. La norma establece reglas específicas para pescadores y gente de mar, cuyos contratos tienen exigencias propias con independencia de su duración.
Para las nuevas contrataciones cubiertas por el capítulo II, la información debe facilitarse antes del inicio de la relación laboral. Si cambian después las condiciones reguladas, la empresa debe comunicarlo por escrito lo antes posible y, como máximo, el día en que el cambio entre en vigor. Esta obligación informativa se suma a los requisitos legales de formalización y modificación del contrato; cumplir una no elimina los otros.
¿Qué pueden pedir quienes ya tienen contrato?
La disposición transitoria permite a las personas con una relación laboral vigente al entrar en vigor la norma solicitar la información que no obre ya en su poder. La empresa debe entregarla en un máximo de 30 días hábiles desde que reciba la petición. El plazo también cubre, en los supuestos previstos, información sobre trabajo en el extranjero y cambios anteriores a la entrada en vigor. Los cambios posteriores siguen el plazo general: la información debe llegar, como máximo, el día en que surtan efecto.
En la práctica, conviene que la persona trabajadora conserve el contrato, los anexos y la comunicación de entrega. Si faltan datos, puede formular una solicitud concreta por un medio que deje constancia de la fecha. La norma reconoce un derecho de información; no implica automáticamente que el contrato sea inválido ni modifica por sí misma el salario o la jornada acordados.
¿Qué deberían revisar las empresas?
Las empresas pueden comparar sus modelos de contrato y anexos con la lista legal, especialmente en salario variable, horarios imprevisibles y causas de temporalidad. También deben definir cómo entregarán los documentos, cómo acreditarán su recepción y quién actualizará la información si cambian las condiciones. El SEPE ha publicado un documento informativo para facilitar la aplicación y modelos específicos para los contratos de pesca y gente de mar.
El efecto esperado es que las condiciones sean más comprensibles desde el inicio y que haya menos ambigüedad sobre horarios, remuneración y duración. El resultado dependerá de que los documentos reflejen la realidad del puesto y se actualicen cuando corresponda; entregar un formulario genérico no resuelve discrepancias si sus datos no describen las condiciones efectivas.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio firmar un contrato nuevo por el decreto?
No necesariamente. Si el contrato existente ya contiene la información exigida y la persona trabajadora la tiene, esa información puede cumplir la obligación. Si faltan datos, la empresa puede completarlos por escrito.
¿La información debe entregarse antes de empezar?
Sí, para las nuevas relaciones laborales de más de cuatro semanas cubiertas por el capítulo II, debe facilitarse antes del inicio del trabajo.
¿Cuánto tiempo tiene la empresa si un empleado actual pide información?
Dispone de 30 días hábiles desde la recepción de la solicitud, siempre que la información no estuviera ya en poder de la persona trabajadora.
Fuentes comprobadas: texto oficial del Real Decreto 723/2026 en el BOE y nota informativa del SEPE.